Boletín 049/2018. Tribunal Electoral confirma resolución vinculada con propaganda electoral y el interés superior de la niñez

TRIBUNAL ELECTORAL CONFIRMA RESOLUCIÓN VINCULADA CON PROPAGANDA ELECTORAL Y EL INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ


En el juicio local de los derechos político-electorales identificado con la clave TEEQ-JLD-80/2018, la otrora candidata a la presidencia municipal de Jalpan de Serra postulada en candidatura común por el Partido Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, impugnó la resolución IEEQ/CG/R/050/18, emitida por el Consejo General del Instituto Electoral local mediante la cual confirmó la existencia de la violación atribuida a la entonces candidata, consistente en la difusión de propaganda electoral en la red social Facebook que incluyó la imagen de personas menores de edad sin satisfacer los requisitos establecidos en la normativa electoral.

Como cuestión previa, el Tribunal Electoral determinó amonestar al Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos y al Secretario Ejecutivo -ambos del IEEQ- por dilaciones injustificadas en la tramitación del procedimiento ordinario sancionador, y se dio vista a la Contraloría General de dicho instituto.

Desde la perspectiva de la actora, en las fotografías materia de denuncia se apreciaban de forma borrosa y lejana los rostros de niños y niñas que figuraban en aquellas, lo cual impedía identificarlas plenamente, además de que el Consejo General calificó la falta como grave partiendo de apreciaciones subjetivas.

Dicho agravio se calificó como infundado, puesto que el Consejo General del Instituto Electoral local acreditó la existencia de cuatro publicaciones realizadas en la red social Facebook, acompañadas con imágenes en las cuales la otrora candidata aparece con niñas, niños y/o adolescentes, mismas que fueron difundidas sin la autorización correspondiente, contraviniendo la normativa electoral; asimismo, la autoridad responsable calificó la falta ajustándose en la medida necesaria con la vulneración al principio de interés superior de la niñez y de ninguna forma contravino los principios rectores en materia electoral.

Aunado a lo anterior, la parte actora sostuvo que la autoridad responsable omitió atender las ganancias o utilidades, en lugar del monto de sus ingresos para imponerle la sanción de 744 veces la UMA, y desde su perspectiva, era merecedora de la sanción mínima consistente en una amonestación pública.

El Tribunal Electoral calificó el agravio como infundado, puesto que el Consejo General sostuvo la legalidad de su decisión, con la finalidad de que la sanción no resultara desproporcionada ni gravosa, pero sí útil para disuadir el volver a incurrir en una conducta similar, siendo esta adecuada, proporcional y eficaz.

En consecuencia, al resultar los agravios infundados, el Tribunal Electoral resolvió confirmar la resolución impugnada.